A pocos días de cumplirse el primer aniversario de la tragedia del Jet Set más de 180 víctimas han desistido de continuar en los tribunales, dijo este lunes abogado Carlos Salcedo, representante de afectados en el caso.
La cifra incluye alrededor de 100 familias de personas fallecidas y entre 85 y 90 lesionados que han decidido retirarse del proceso penal, en medio de acuerdos y decisiones personales que reflejan la complejidad jurídica y emocional del expediente.
La tragedia, que dejó 230 personas fallecidas y unas 190 lesionadas, sigue siendo uno de los casos más impactantes en la historia reciente del país, no solo por su magnitud, sino por los desafíos legales que plantea en términos de responsabilidad penal, reparación civil y garantías procesales.
El ambiente estuvo marcado por el silencio, los abrazos largos, las velas encendidas y un clamor que se repite desde aquel día.
Un proceso complejo con múltiples víctimas
Salcedo explicó que el tiempo transcurrido desde la presentación de la acusación, el 7 de noviembre del año pasado, ha sido razonable si se toma en cuenta la magnitud del caso.
“En un proceso ordinario con una víctima y un imputado ya es complejo. Aquí estamos hablando de más de 200 fallecidos y casi 200 lesionados. La sola participación de tantas víctimas hace que el proceso sea necesariamente más extenso”, señaló en el Programa El Día.
El jurista indicó que, en este tipo de casos, es común que algunas personas se incorporen al proceso mientras otras deciden abandonarlo, ya sea por acuerdos alcanzados o por razones personales.
Carlos Salcedo
“Tenemos desistimientos de alrededor de 100 víctimas de personas fallecidas y entre 85 y 90 personas lesionadas. No todo el mundo tiene el mismo interés en continuar. Algunos no buscan una compensación económica y otros prefieren no revivir el trauma en los tribunales”, afirmó.
Desistimientos y acuerdos: ¿qué implican jurídicamente?
Uno de los puntos más debatidos ha sido el desistimiento de las víctimas y su relación con posibles acuerdos económicos.
La tragedia del Jet Set enlutó a toda la República Dominicana.
Salcedo aclaró que, aunque no necesariamente están vinculados, en la práctica muchos de estos desistimientos responden a negociaciones.
“El desistimiento no siempre implica un acuerdo económico, pero es evidente que muchas víctimas buscan un resarcimiento. Si sus expectativas son satisfechas, tienen todo el derecho de llegar a una solución patrimonial”, explicó.
En términos legales, estos acuerdos son válidos siempre que no exista vicio de consentimiento. Es decir, si la persona firmó de manera voluntaria, consciente y sin presión, el desistimiento es definitivo.
Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, asisten a una audiencia, en el Palacio de Justicia de Santo Domingo junto a su abogado Miguel Valerio.
“Si se demuestra que la persona sabía lo que estaba firmando, que no fue coaccionada y que recibió un beneficio, ese es un hecho cumplido. Es muy difícil revertirlo posteriormente”, sostuvo.
Vías para reclamar justicia
El abogado también explicó la diferencia entre las acciones penales y civiles, un aspecto clave para entender el curso del proceso.
“En el ámbito penal, el Ministerio Público tiene el monopolio de la acción pública. Las víctimas pueden adherirse a la acusación o presentar una acusación alternativa. Ahí se busca determinar la culpabilidad penal”, indicó.
En cambio, quienes optan por la vía civil lo hacen con un objetivo distinto.
“En los tribunales civiles no se busca una condena penal, sino establecer que hubo una falta, un daño y una relación causal. Es una demanda puramente indemnizatoria”, precisó.
Niña lleva flor y un velón a su madre fallecida en el Jet Set.
Actualmente, existen víctimas que han optado por ambas vías, lo que añade mayor complejidad al caso, al coexistir procesos paralelos en distintas jurisdicciones.
La calificación jurídica es homicidio involuntario agravado
Uno de los temas más sensibles ha sido la calificación del hecho. Mientras sectores de la sociedad reclaman penas más severas, Salcedo reiteró que, desde el punto de vista jurídico, el caso encaja en la figura de homicidio involuntario agravado.
“Por el principio de legalidad, estos hechos solo pueden calificarse como homicidio involuntario o culposo, producto de una negligencia grave. No hay elementos para hablar de asesinato o homicidio voluntario”, explicó.
El jurista detalló que la clave está en la omisión del deber de cuidado.
“Se trata de una negligencia grave, de la inobservancia de normas que debieron cumplirse. Los administradores del establecimiento tenían la obligación de prever y evitar el daño”, señaló.
En ese sentido, indicó que la sanción prevista en la legislación vigente es limitada.
“La pena máxima es de dos años, pero en este caso, por la gravedad, se aplicaría el máximo. La legislación dominicana es insuficiente para hechos de esta magnitud”, afirmó.
¿Podrían agravarse las penas?
Ante la percepción de impunidad en la opinión pública, Salcedo explicó que las posibilidades de imponer sanciones más severas son limitadas bajo el marco legal actual.
“No se puede hablar de asesinato porque eso implica premeditación. Aquí no hubo intención de causar el resultado. Lo que hubo fue una falta de previsión grave”, sostuvo.
Sin embargo, destacó que el nuevo Código Penal, que entrará en vigencia próximamente, contempla penas más altas.
“Ese nuevo marco prevé hasta 10 años de prisión en casos con múltiples víctimas. Pero no aplica retroactivamente a este caso”, aclaró.
El peso de las pruebas
La fase actual del proceso es la audiencia preliminar, donde se determinará si el caso pasa a juicio de fondo.
“El juez de la instrucción no condena. Lo que hace es verificar si hay suficientes pruebas, cuál es la calificación jurídica y qué elementos probatorios serán admitidos”, explicó Salcedo.
Entre las pruebas más relevantes figuran peritajes técnicos, testimonios y documentos administrativos. También ha generado debate la inclusión de declaraciones públicas de los imputados.
“Todas las pruebas son válidas si cumplen con los criterios de legalidad, pertinencia, relevancia y utilidad. Una entrevista puede ser utilizada si aporta elementos al caso”, indicó.
El derrumbe del techo de la discoteca Jet Set dejó 236 personas fallecidas la madrugada del martes ocho de abril.
El contraperitaje
Recientemente, el tribunal autorizó un nuevo peritaje solicitado por la defensa, decisión que Salcedo calificó como correcta.
“Es un proceso contradictorio. La defensa tiene derecho a presentar su propio peritaje para contrarrestar el del Ministerio Público. Eso garantiza el debido proceso”, explicó.
Este nuevo análisis buscará cuestionar las conclusiones del informe oficial, particularmente en lo relativo a las causas del colapso.
Indemnizaciones: entre expectativas y realidad
Uno de los aspectos más delicados del caso es el de las reparaciones económicas. Según Salcedo, en República Dominicana no existe un criterio uniforme para fijar indemnizaciones por muerte o lesiones.
“Aquí un muerto puede generar indemnizaciones de entre 2 y 3 millones de pesos en promedio, dependiendo del caso y del tribunal”, indicó.
Al proyectar cifras, el abogado estimó que las indemnizaciones podrían alcanzar miles de millones de pesos, lo que plantea dudas sobre su viabilidad.
“El juez tiene que ponderar no solo el daño, sino la posibilidad de ejecutar la sentencia. Si fija montos imposibles de pagar, la decisión pierde efectividad”, advirtió.
El drama humano detrás del caso
Más allá de las cifras y los tecnicismos, el caso sigue marcado por historias profundamente dolorosas. Salcedo destacó el caso de una familia que perdió a sus tres hijos en la tragedia.
“La pareja compuesta por Carlos Diego Severino Rodríguez y Annis Gómez perdió a sus tres únicos hijos: un varón de 32 años y dos jóvenes de 28 y 24. Es uno de los casos más traumáticos que hemos visto”, expresó.
A un año de la tragedia se vive entre justicia y memoria
Con el primer aniversario de la tragedia a la vuelta de la esquina, el país se prepara para actos conmemorativos mientras el proceso judicial avanza.
“La gente siente que el proceso va lento, pero hay que entender la complejidad. Aquí se están garantizando derechos, tanto de las víctimas como de los imputados”, apuntó Salcedo.
FUENTE: EL DIA DIGITAL
