El Salvador cumple cuatro años bajo un régimen de excepción, una medida de seguridad implementada en marzo de 2022 por el Gobierno de Nayib Bukele tras una de las peores olas de homicidios en la historia reciente del país.
Aunque la estrategia cuenta con un amplio respaldo ciudadano por la reducción histórica de asesinatos, también enfrenta fuertes críticas por denuncias masivas de violaciones a los derechos humanos.
Origen del régimen: una crisis violenta
El régimen fue aprobado el 27 de marzo de 2022 por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, luego de un fin de semana que dejó más de 80 homicidios.
Investigaciones del medio El Faro apuntan a que la escalada de violencia fue consecuencia de la ruptura de un supuesto pacto entre el Gobierno y las pandillas.
Desde entonces, el Ejecutivo sostiene que la medida ha permitido recuperar territorios controlados por las maras y reducir significativamente la criminalidad.
Cuatro años de prórrogas continuas
A pesar de su carácter extraordinario, el régimen ha sido extendido en 48 ocasiones consecutivas a petición del Ejecutivo.
Las autoridades reportan más de 91.300 detenciones vinculadas a pandillas, mientras analistas advierten que la medida se ha transformado en un mecanismo permanente de control social.
El régimen incluye la suspensión de derechos fundamentales, como la inviolabilidad de las comunicaciones y limitaciones al derecho de defensa, además de ampliar la detención administrativa hasta 15 días.
Denuncias y muertes en cárceles
Organizaciones humanitarias registran al menos 6.889 denuncias por violaciones de derechos humanos en el contexto del régimen.
El 98 % de los casos corresponde a detenciones arbitrarias, con una alta implicación de cuerpos policiales.
El propio presidente Bukele ha reconocido que alrededor de 8.000 detenidos serían inocentes, aunque muchos continúan enfrentando procesos judiciales.
Alto respaldo ciudadano
A pesar de las críticas, el régimen mantiene un fuerte apoyo popular.
Diversas encuestas indican que cerca del 85 % de la población respalda su continuidad, mientras que la aprobación presidencial alcanzó un 91,9 % a finales de 2025.
Según estudios de opinión, este respaldo se debe principalmente a la mejora en la seguridad pública.
Alertas internacionales por posibles crímenes
Un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas advierte que las violaciones registradas podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
El documento fue elaborado por un grupo internacional de expertos, que pidió establecer mecanismos para liberar a personas detenidas sin pruebas suficientes.
El Gobierno salvadoreño rechazó estas conclusiones, asegurando que no se ajustan a la realidad del país.
FUENTE: EL NUEVO DIARIO
